Las organizaciones que se ocultan tras la oferta cultural no autorizada obtienen grandes beneficios de los datos de los usuarios, la publicidad y, cada vez más, con las suscripciones. Los agentes piratearon un 30% más de sitios web en 2024 que el año anterior.
El jefe siempre vestía impecable. Un representante de su elevado estilo de vida, cabalgando entre Grecia e Italia. Su organización contaba con más de 50 trabajadores de diferentes nacionalidades. La base estaba situada en Canarias, pero contaba con dirigentes y técnicos franceses, alemanes, polacos y latinoamericanos. Él mismo es holandés. A veces, los internautas piratas reclaman lo mismo con páginas legales para explicar por qué acaban accediendo a las primeras. Pero resulta que hasta las organizaciones que hay detrás pueden ser parecidas. «Lo mejor, como hacían las multinacionales», valoran fuentes de la investigación que desmanteló en abril de 2024 una trama que, según los agentes, ingresó 5, 3 millones de euros en cuatro años con la distribución ilícita de contenidos audiovisuales. La operación Tilo puede ser la más llamativa del último año de los agentes especializados en estos delitos, pero no es la única. En 2024, la Policía Nacional bloqueó un 30% más de páginas web que atentaban contra los derechos de propiedad intelectual que el año anterior, entre ellas casi medio centenar de páginas para ver series o películas pirateadas. Más información «Moscas a cañonazos»: la lucha contra la piratería en el fútbol tumba miles de webs legítimas Se conoció una nueva actuación, que ha supuesto el cierre de 17 páginas, además de detener al principal acusado: un santanderino de unos 30 años que había ganado unos 200, 000 euros difundiendo contenidos a través de los canales de Telegram, WhatsApp y Discord. Entre los casos más relevantes y uno de los más recientes, se resume de alguna manera la clave del fenómeno: estructuras internacionales compuestas por expertos profesionales. «No recuerdo la última vez que encontramos un servicio local. Incluso Europol ha situado la propiedad intelectual entre sus principales áreas de investigación», afirma Mónica Dopico, ex policía que ahora actúa como asesora de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una coalición que trabaja en la protección de la propiedad intelectual. Suelen ser delincuentes de cuello blanco, apariencia clara y oscura, la difusión de las obras fluye a través de las redes sociales, la mensajería instantánea, las aplicaciones y, cada vez más, la IPTV (tecnología que permite ver miles de películas y series y canales de televisión por Internet a través del ordenador, la tableta o el teléfono). La piratería ha retrocedido en algunos campos, pero sigue viva. Y cambia para seguir escapando a la ley, en una eterna persecución del gato al ratón. Cuando gana el primero, aparece el siguiente mensaje en las páginas web donde antes había una barra libre de cultura: «Dominio intervenido por orden judicial». La policía advierte de que, además de causar un perjuicio económico a los creadores y empresas que viven de la producción cultural, se exponen a que sus datos sean utilizados de forma fraudulenta por la posibilidad de acceder a estos contenidos de forma gratuita o pagando menos. «Cuando un servicio en línea es gratuito, usted no es el cliente. Tú eres el producto», afirma el responsable del grupo de delitos en el ámbito de las telecomunicaciones y criptoactivos (activos digitales que utilizan criptografía) de la Policía Nacional, que pide ser identificado como Francisco. Imagen con la que se encuentran quienes entran en una página de distribución de contenidos piratas bloqueada por la Policía Nacional. «Hay bastantes páginas y van saliendo más, a algunas les cambian el nombre y también comparten contenidos con otras, que los revenden», explica el inspector. Su grupo, con más de 20 años de experiencia en investigaciones sobre piratería, cambió de nombre hace año y medio para incluir el criptoactivo. Los agentes, miembros de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, se encargan de perseguir a las mayores organizaciones criminales, por lo que sus investigaciones son de ámbito nacional o internacional. «Las operaciones de piratería se llevan a cabo en varios países y diversas jurisdicciones. Trabajamos muy estrechamente con la Policía Nacional, Interpol, Europol o el FBI», afirma Larissa Knapp, vicepresidenta ejecutiva y responsable de la oficina de protección de contenidos del MPA, organismo que engloba a los principales estudios de Hollywood. Y que ha impulsado a otro organismo, ACE, ante la complejidad y magnitud de la tarea: «Hoy en día, la piratería está dotada de altísima tecnología y se ha vuelto más sofisticada, escurridiza y masiva. Hace 10 años, la AMP era de una media de dos docenas de casos al año. Ahora, es la misma cantidad a la que ACE se enfrenta cada semana». Un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) estimó que el acceso pirata a la IPTV aumentó un 10% durante 2023 y que el 1% de los internautas europeos se suscribieron a sitios web ilegales en el periodo 2022-2023. «La multiplicación de la IPTV desde 2017 ha cambiado radicalmente la piratería. De una oferta más pequeña y localizada se pasó a una completamente extensa y global. Además, lograron un cambio de mentalidad: que el usuario esté dispuesto a pagar por la piratería», Dopico. La IPTV TV Mucho (también conocida como Teeveeing), principal objetivo de la Operación Tilo, se había convertido en una de las páginas más populares entre los expatriados en España. Alcanzó los cuatro millones de visitas en 2023, ofreciendo más de 125 canales, entre ellos BBC, ITV, Sky y RTL, y miles de películas y series. Sus más de 14. 000 abonados pagaban entre 10 y 19 euros al mes, o entre 90 y 169 euros al año. Mientras las plataformas digitales de cine, series, música o videojuegos multiplican su oferta y luchan por la audiencia, el pirateo de IPTV sigue creciendo. Y ha generado una nueva fuente de ingresos: a los tradicionales, publicidad y uso de datos personales, se ha añadido el cobro por suscripciones. «Aunque no se trata de la mayor parte del streaming no autorizado, es una de las áreas más lucrativas. Las aplicaciones de IPTV suelen pedir a los usuarios que asocien un dispositivo, como un móvil o un ordenador, que acaba expuesto y vulnerable a todo tipo de pirateos. Y el programa para hacerlo puede comprarse fácilmente en Internet. Por eso Europol habla de «piratería como servicio». Estas herramientas están reduciendo las barreras de acceso de los solicitantes a los delincuentes en línea», añade Knapp. Las reformas legislativas, la concienciación y la ampliación de la oferta legal, entre otras cosas, han dado lugar a mejoras significativas. Pero la piratería es un fenómeno vivo. Llegó a una magnitud desorbitada, hoy sigue siendo muy importante», afirma Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de creadores e industrias de contenidos, el organismo en el que la industria centraliza la lucha contra el acceso no autorizado a sus obras. Aunque Carlos Sánchez Almeida, el abogado que logró en los tribunales la absolución del fundador de la web SeriesYonkis, considerado durante años el enemigo público número uno de la cultura, ofrece una visión diferente: la piratería es ahora «infinitamente menor». «Estas operaciones buscan el cierre de páginas para apuntarse una victoria que sale en los periódicos. No abordan el fenómeno general», añade. A mediados de marzo, la Policía informó de la detención de otras nueve personas en Málaga y Jaén como presuntos integrantes de otra organización criminal que distribuía contenidos audiovisuales con la venta de descodificadores manipulados y se atribuía cinco millones de beneficios por el cobro de pagos ilegales. Alberto García Sola, fundador de la web SeriesYonkis, en Murcia en abril de 2019, en el inicio del juicio por delitos contra la propiedad intelectual del que fue absuelto. Detrás de este fácil acceso a obras pirateadas, suele haber delincuentes con un perfil muy especializado, informático o específico. Quienes los persiguen comparten algunos intereses. En el grupo liderado por el inspector se combinan perfiles técnicos, hay ingenieros o informáticos, y agentes con experiencia en investigación callejera, seguridad ciudadana o crimen organizado. Y no se quedan detrás de las pantallas. «Salimos a la calle, hacemos detenciones, registros, intervenciones telefónicas. Nuestras investigaciones son completas», añadió. Las denuncias proceden principalmente de grandes empresas, titulares de derechos de propiedad intelectual como ACE, EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), Mediapro o la Liga, que Almeida identifica como el perseguidor más acaudalado de la piratería en estos momentos. Entre otros casos, tiene una acusación particular en el juicio oral que se acaba de abrir contra el desarrollador de IPTV Extreme. Los principales delitos por los que se investiga a estos grupos son organización criminal, contra la propiedad intelectual y blanqueo de capitales. El delito contra la propiedad intelectual está castigado con penas que van de los seis meses a los cuatro años, además de una multa, pero contempla una serie de agravantes, como que el beneficio sea de especial trascendencia (que sea considerable) o una revista especial gravedad (por el número o valor de las obras pirotécnicas) y puede elevar la pena de prisión hasta los seis años. El abogado Almeida apunta a un truco: «El presunto delito sería contra la propiedad intelectual, pero se alegan otros para facilitar al juez la autorización de llamadas telefónicas o registros domiciliarios». Navarrete discrepa: «Está claro que, en la inmensa mayoría de los casos, hay organizaciones criminales detrás». Ambos sólo coinciden en recordar a los usuarios la importancia de no compartir sus datos a la ligera, especialmente con webs piratas, pero también con gigantes como Google, X o Meta. Agentes del grupo de delitos en el ámbito de las telecomunicaciones y criptoactivos examinan el material informático en uno de los registros de la Operación Tilo, en abril de 2024. A la hora de llevar estos casos ante un tribunal, los agentes tienen que sacar a relucir todas sus habilidades informativas. No es tan gráfico como usar un kilo de cocaína para detener a alguien. En 2019, al inicio del juicio, el fundador de Seriesyonkis, Alberto García Sola, se presentó ante el fiscal: «Creo que no ha entendido nada de lo que le he respondido». Aquel caso terminó hace unos meses después de 16 años, cuando el Constitucional confirmó la absolución de los acusados. Almeida cree que algunos argumentos utilizados contra Seriesyonkis se mantienen en la actualidad: «Ahora hay una persecución contra aplicaciones que pueden servir para compartir productos culturales que no son en sí mismos delictivos». A lo que Navarrete se opone: «Facilitan el acceso a contenidos que son, por ilícitos». El abogado critica que la industria reclama indemnizaciones «excesivas» que dificultan llegar a acuerdos. «No lo comparto en absoluto. La forma de valorar el daño siempre ha sido a la baja, los perjuicios en los titulares de derechos y en la economía en general, por los empleos e impuestos perdidos, son millonarios», dice Navarrete. En el juicio de Seriesyonkis, la acusación particular estimó un perjuicio de 546 millones. Otra organización investigada por la Policía Nacional en 2024 ganó 1. 1 millón. El joven que la dirigía, detenido en julio en Cartagena, ingresaba unos 20. 000 euros al mes, según cálculos policiales. Junto con otras dos personas, detenidas en Móstoles (Madrid) y Coria del Río (Sevilla), había puesto en marcha cuatro páginas web y dos canales de Telegram que ofrecían estos contenidos. El principal implicado, que llegó a reconocer a los investigadores que ya no sabía qué hacer con los beneficios, se dedicaba a las criptomonedas. Estuvieron siguiéndole la pista durante casi dos años. Expediente de la Operación Lira, en la que la Policía Nacional desarticuló un grupo que obtuvo 1. 1 millón de euros con cuatro páginas de IPTV y dos canales de Telegram para distribuir contenidos pirateados. Las principales dificultades en estos casos vienen dadas por su naturaleza técnica. Por eso Navarrete subraya la importancia de que los ciudadanos, la Administración, así como policías, jueces y fiscales estén cada vez más formados en estas materias y, tras una mayor colaboración de las compañías telefónicas, reclama ahora que quienes son como Google, cuyo buscador suele ser el punto de partida de muchos usuarios para encontrar el tesoro pirata, ayuden en lugar de ser incomprendidos. Los investigadores contratan servidores y dominios en otros países y eso hace que la policía tarde más en llegar hasta ellos. «Aunque lleguemos», añade el inspector. Utilizan testaferros para abrir cuentas bancarias e intentan crear empresas de apariencia legal para no llamar la atención. Tras su detención, no suelen ir a la cárcel, pero si se pueden recuperar algunos de los beneficios que han obtenido y si acaban sentados en el banquillo deben responder ante el principal perjudicado. ¿Se repite? Sí, responde el policía. Algunos que no eran conscientes del impacto de su actividad acaban dejándola, pero otros continúan, por los grandes beneficios que reciben.
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El jefe siempre vestía impecable. Un representante de su elevado estilo de vida, a caballo entre Grecia e Italia. Su organización contaba con más de 50 trabajadores de diferentes nacionalidades. La base estaba situada en Canarias, pero contaba con dirigentes y técnicos franceses, alemanes, polacos y latinoamericanos. En realidad es holandés. A veces, los internautas piratas reclaman lo mismo con las páginas legales para explicar por qué acaban accediendo a las primeras. Pero resulta que hasta las organizaciones que hay detrás pueden ser similares. Valoran fuentes de la investigación que destruyeron una trama que, según los agentes, ingresó 5, 3 millones de euros en cuatro años con la distribución ilícita de contenidos audiovisuales. «Los mejores, como hacían las multinacionales», dicen. Aunque la Operación Tilo puede ser la más impresionante de los agentes con un enfoque en estos crímenes del año anterior, pero no es la única. La Policía Nacional bloqueó en 2024 un 30% más de webs que vulneraban derechos de propiedad intelectual que en el año anterior, incluyendo casi medio centenar de páginas donde se pueden ver series o películas piratas.
