Expertos de la OMPI y de la ONDA advierten de que la inteligencia artificial exige reevaluar las licencias, la remuneración y la identificación de los contenidos protegidos. Las entidades de gestión colectiva desempeñan un papel importante en la representación de los autores y logran un equilibrio entre el avance tecnológico y los derechos.
Expertos de la OMPI y de la ONDA advierten de que la inteligencia artificial exige reevaluar las licencias, la remuneración y la identificación de los contenidos protegidos. Las entidades de gestión colectiva desempeñan un papel importante como representantes de los autores y logran un equilibrio entre el avance tecnológico y los derechos.
Santo Domingo. La inteligencia artificial está poniendo a prueba las normas tradicionales de los derechos de autor y exige encontrar respuestas sobre quién paga por los contenidos utilizados para entrenar sus sistemas, cómo se identifican estas obras y qué derechos tienen los creadores en relación con los contenidos sintéticos. La estrategia se adoptó el jueves, durante la última jornada del curso avanzado organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA) sobre la gestión de la transformación de los derechos de autor en América Latina. La mesa redonda, dedicada al papel de las entidades de gestión colectiva en la economía de la inteligencia artificial, contó con las intervenciones de Santiago Schuster Vergara, Marcos Alves de Souza y Carmen Páez Soria, bajo la moderación de Andrés Gonzalo Gutiérrez Ayoroa, director ejecutivo a cargo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia. El debate se centró en las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC), organizaciones privadas sin ánimo de lucro que gestionan, protegen y recaudan los derechos de autor y derechos afines en nombre de los creadores. La IA y el coste de los contendientes Marcos Alves de Souza, secretario de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de Brasil, sostuvo que las empresas de inteligencia artificial deben reconocer que las obras protegidas son un insumo esencial para el funcionamiento de sus modelos y asumir la responsabilidad económica por su uso.. «La inteligencia artificial no funciona sin una biblioteca de contenidos», afirmó.. El funcionario sugirió que las plataformas deberían informar sobre qué contenidos utilizan y qué bases de datos sustentan sus procesos de entrenamiento. Asimismo, consideró necesario revisar la forma en que se fijan las tarifas para estos nuevos usuarios. En su opinión, si las plataformas de inteligencia artificial desempeñan funciones comparables a las de otros servicios digitales que ya pagan por el uso de contenidos protegidos, debería analizarse un tratamiento equivalente. Alves de Souza también abogó por métodos para identificar los contenidos creados por inteligencia artificial, como etiquetas, marcas de agua u otros sistemas que permitan detectar cuándo una obra es artificial. «O lo regulamos o corremos el riesgo de perderlo todo», advirtió al referirse al futuro del sistema de derechos de autor. Para evitar renunciar a derechos futuros, Rafael Ferraz señaló que identificar y documentar los contenidos generados o transformados por la inteligencia artificial es uno de los retos más urgentes. El especialista destacó las dificultades para determinar el grado de intervención humana en una obra y las consecuencias jurídicas, económicas y de transparencia que esto puede tener para los mercados culturales y creativos. Ferraz también se centró en las tarifas y licencias que deben establecerse para los nuevos usos derivados de la inteligencia artificial. Añadió que los titulares de derechos no deberían renunciar a posibles derechos futuros a cambio de ventajas inmediatas. De este modo, estableció una distinción entre permitir el uso de obras para entrenar sistemas de inteligencia artificial y permitir el uso del contenido creado por dichos sistemas con fines comerciales. Las entidades de gestión cobran importancia. Carmen Páez Soria, secretaria general de Cultura de España, consideró que la inteligencia artificial representa uno de los mayores retos actuales para las entidades de gestión colectiva. Sostuvo que los creadores deben mantener el control sobre el uso de sus obras durante el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial y la explotación de los contenidos sintéticos que puedan surgir de dichos usos. Páez explicó que los marcos normativos europeos prevén mecanismos para que los titulares reserven sus obras frente a determinadas actividades de minería de textos y datos, aunque reconoció que estos procedimientos pueden resultar complejos, especialmente para los autores individuales. Por ello, defendió el papel de las sociedades de gestión colectiva como instrumentos de representación, protección y negociación frente a las grandes plataformas tecnológicas. Asimismo, señaló que la inteligencia artificial puede ayudar a estas organizaciones mediante la automatización de procesos, una mayor transparencia y sistemas más eficientes para la distribución de derechos. Se definió el punto de acuerdo entre los participantes: las sociedades de gestión colectiva están llamadas a ocupar un lugar estratégico en el equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los creadores, a través de la representación de derechos, la concesión de licencias y la identificación de obras en un escenario cada vez más dominado por la inteligencia artificial y los contenidos sintéticos.
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